Empieza la cuenta atrás para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de denunciantes que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea. En este sentido, las empresas del sector privado de más de 50 personas trabajadoras, así como las empresas del sector público, disponen hasta el 17 de diciembre del año en curso para implementar canales de denuncia internos.

El objetivo de este medio, también conocido como whistleblowing, es informar, dentro de la organización, de comportamientos y acciones irregulares o de infracciones cometidas por personas trabajadoras o terceras y, a la vez, promover la comunicación interna de la notificación por canales externos, siempre que se pueda resolver el conflicto de una manera efectiva.

El acceso a la protección del denunciante es restringido. La Directiva se aplica a personas trabajadoras, del sector público o privado, que hayan obtenido la información en el contexto laboral y que tengan motivos razonables para pensar que la información que están denunciando es veraz. Así mismo, se pueden acoger a la norma las personas que hayan finalizado su relación laboral, así como las personas que se encuentren en situación precontractual en el marco de una relación laboral. Por otro lado, también se pueden acoger terceras personas que tengan un vínculo con la organización como, por ejemplo, proveedores o clientes.

El procedimiento de denuncia interna se caracteriza por ser un canal en el que la identidad del denunciante es confidencial. Así pues, este queda protegido y solo el personal o departamento autorizado encargado de gestionar internamente el canal tiene acceso a sus datos. En relación con la confidencialidad del canal, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ya realiza una aproximación a esta cuestión cuando hace referencia, en su artículo 24, a la denuncia anónima en las entidades de derecho privado. Así mismo, y por el carácter reservado y confidencial de las denuncias, las organizaciones tienen que llevar un registro de las denuncias efectuadas, las cuales se conservarán durante el periodo imprescindible.

El diseño del canal, además, debe permitir que las denuncias internas se hagan por escrito, a través de una comunicación verbal o bien por ambos medios. De lo contrario, si la persona denunciante lo solicita, se puede denunciar por medio de una reunión con el personal designado para su gestión. Aun así, el procedimiento se debe acompañar de un seguimiento diligente de la denuncia y se tendrá que informar al denunciante del estado de las actuaciones en los plazos establecidos.

No obstante, el principal inconveniente que presenta este sistema son las consecuencias, directas o indirectas, que puede sufrir la persona denunciante a raíz de la comunicación. Para combatirlo, la Directiva prohíbe las represalias como medida de protección al denunciante. En particular, se enumeran un listado de represalias entre las que se encuentran el despido, el cambio de puesto de trabajo, la imposición de medidas disciplinarias o la no renovación de un contrato de trabajo temporal.

En definitiva, la especial protección al denunciante pretende, independientemente del código ético y la imagen corporativa, implementar sistemas eficaces para prevenir conductas o acciones que sean constitutivas de delito.

Más información: Itziar Ruedas   iruedas@pimec.org