PIMEC tuvo hace unos años un papel impulsor clave en la aprobación de una ley contra la morosidad. Fue en el ya lejano 2009 y se recogieron los frutos en el 2010 con la Ley 17/2010, que establecía que, después de un periodo transitorio hasta 2013, los plazos máximos de pago por parte de los clientes eran de 60 días en el sector privado y de 30 días en el sector público.
El Observatorio de la pimec ha realizado un ejercicio para comprobar cuáles son los plazos de cobro de las pymes a partir de sus estados contables. Concretamente, se han considerado los datos de la base Pimesdat de PIMEC, que incluye alrededor de 80.000 pymes durante el periodo 2009-2017.
En 2017 (el último año disponible) las pymes tienen un plazo medio de cobro de 68,3 días. Lamentablemente, los datos del Registro Mercantil no permiten distinguir a los clientes privados y a los públicos, por lo tanto, el dato en cuestión hace referencia al conjunto de los clientes de las pymes catalanas.
Si bien el dato nos indica que las pymes cobran más tarde de lo que fija la ley, resulta importante ver la evolución que se ha producido desde la aprobación de la Ley 15/2010: en el periodo 2009-2017 se ha pasado de cobrar a 82,9 días a hacerlo en los 68,3 indicados, es decir, los plazos se han reducido en 14,6 días o, lo que es lo mismo, en un 17,6%. Es una buena noticia, que coincide con la tendencia de las estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que lidera, por cierto, PIMEC a nivel de todo el Estado.
La reducción de los plazos de cobro se explica por el hecho de que las ventas han ido aumentando, mientras que la partida de clientes del balance se mantenía relativamente constante en valores absolutos a lo largo del periodo considerado. En consecuencia, el peso relativo de la deuda de clientes en el balance presenta una clara tendencia a disminuir.
En el INFORME PIMEC 5/2019 se dan detalles de resultados por dimensión de empresa y por grandes sectores de actividad y en el INFORME PIMEC 6/2019 se dan detalles por actividades concretas industriales y de servicios. Estos son algunos rasgos de los resultados:
– A lo largo del periodo estudiado se registra una tendencia a confluir en los plazos de cobro en función de la dimensión de la pyme: la distancia de días entre las microempresas y las medianas empresas, que era de 19 días en 2009, ha pasado a 12 en 2017.
– Por grandes sectores, el primario es el que cobra antes (54,1 días en 2017), mientras que la construcción es la que tarda más en cobrar (93,2 días en 2017). La industria lo hace a 78,4 días, 18 días por encima del límite legal.
– Desde un punto de vista dinámico, la industria y la construcción son las más beneficiadas en número de reducción de días: más de 18 en ambos casos, entre 2009 y 2017.
Pese a los progresos innegables que se han producido en la reducción de los plazos de cobro, la exigencia de cumplir escrupulosamente los 60 días que fija la ley para el sector privado y de 30 para el sector público debe ser una reivindicación mientras no se alcancen estos dos logros. Y es que, en definitiva, las empresas deben centrarse en producir, que es lo que toca, y no en hacer de financieras, que es lo que no toca.
