Esta medida, tal y como está planteada actualmente, puede afectar a la viabilidad, la competitividad y el futuro de muchas pymes de diferentes sectores, restando capacidad de crecimiento empresarial, así como de creación de empleo y riqueza, y afectando al progreso social y económico
Ante la voluntad del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 en 2025, a continuación analizamos diferentes indicadores que constatan que no hay un problema de jornada laboral sino una necesidad de mejora general de la organización y del tiempo de trabajo en España.
En primer lugar, hay que recordar que –cuando nos comparamos con el resto del mundo– no somos de los países con jornadas laborales efectivas de trabajo más amplias, a la vez que hay un esfuerzo sostenido de reducirlas por medio de la negociación colectiva. De hecho, la media de horas anuales trabajadas es similar e incluso inferior a la de muchos países europeos; en este sentido nos situamos por debajo de la media de la OCDE.
En segundo lugar, es necesario destacar que esta medida tendrá un impacto más grande en las micro y pequeñas empresas, tal y como indican varios estudios como el del BBVA Research o los indicadores de la OCDE y el INE.
Por otro lado, se debe tener presente el impacto de este tipo de medidas a partir de las experiencias vividas en otros países. En este sentido, se ha constatado la fuerza de la negociación colectiva para mejorar estas cuestiones, como lo demuestra el caso de Alemania, que con una jornada legal máxima alta, tiene un número efectivo de horas de trabajo más bajo y unos indicadores de productividad mucho mejores que los nuestros.
Esta medida se está planteando en un momento en el que tanto las pymes como las personas autónomas continúan haciendo frente a elevados costes empresariales como consecuencia de las diferentes crisis de los últimos años, la tensión inflacionaria y el incremento de las cotizaciones sociales. Esto se tiene que sumar al elevado nivel de burocracia administrativa y al aumento de los recursos que destinan a cumplir normativas y otras obligaciones, hecho que se complicaría todavía más con un endurecimiento del registro horario.
Por eso, el tejido empresarial pide que el coste que haya que asumir sea compartido, puesto que es absolutamente impensable que una medida como esta pueda o tenga que ser asumida solo por las empresas. Si se aprueba, será fundamental la puesta en marcha de incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para compensar los costes por parte de las empresas para no generar un efecto inflacionario.
En cuanto a la contratación pública y a las actividades con precios regulados, las empresas piden que cualquier norma que se adopte comporte el principio de corresponsabilidad de las administraciones, con la posibilidad de adaptación automática de precios para evitar el desequilibrio en la relación pública y privada por la aplicación de la medida y evitar problemáticas como las surgidas con el SMI.
PIMEC muestra su preocupación a Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha visitado la sede de PIMEC, donde ha mantenido un encuentro con empresarios y empresarias de diferentes sectores afectados por la actual propuesta de reducción de la jornada laboral.
El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, le ha reiterado “la necesidad de abordar esta cuestión con una mirada integral de 360° para una mejora general de la organización y del tiempo de trabajo”, teniendo en cuenta retos del mercado de trabajo como la productividad, el absentismo, la reducción de la altísima incidencia de las bajas laborales, la falta de profesionales y de perfiles cualificados, la dificultad de cobertura de determinados puestos de trabajo, la necesidad de reducir el paro y de mejorar los tiempos de trabajo pactado, entre otras cuestiones.
La entidad ha propuesto a Yolanda Díaz diferentes medidas. Destacan los planes para la mejora de la productividad, medidas para la reducción del absentismo laboral, así como para la gestión de bajas laborales y la mejora del tiempo de trabajo y, eventualmente, la reducción de la jornada, se vehiculen a través de la negociación colectiva, respetando su autonomía y la adaptación flexible de las medidas, así como haciendo seguimiento de las mejoras generalizadas.