Hoy, día 10 de diciembre, celebramos los 75 años de la firma de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo, independientemente de la raza, el color, la religión, el sexo, el idioma, la opinión política, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otra condición de las personas.
Teniendo en cuenta la magnitud de esta Declaración Universal que establece un pilar esencial de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y su impacto directo en la economía, el tejido empresarial juega un rol relevante en el ecosistema socioeconómico en materia de derechos sociales y humanos.
Teniendo en cuenta la normativa catalana ya trabajada en el ámbito empresarial respecto de este tema, podemos destacar que en el año 2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la Resolución 26/9 sobre la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos. Además, en 2016 la Comisión de Acción Exterior y Cooperación del Parlament de Catalunya aprobó, por unanimidad, la propuesta de crear un Centro de Evaluación de los Impactos de las Empresas Catalanas en el Exterior.
Además, cabe destacar la aprobación por el Parlament de Catalunya de la ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo, y la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la UE, de los planes directores de la cooperación al desarrollo 2015-2018 y 2019-2022, así como del Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la UE 2015-2018.
Una vez contextualizada la parte jurídica, desde PIMEC valoramos que, especialmente para los países en vías de desarrollo, deberían impulsarse acciones positivas de promoción y sensibilización en las empresas para garantizar que las acciones derivadas de la internacionalización se lleven a cabo bajo el respeto de todos los derechos humanos en el marco de sus actividades en el exterior.
Valorando este contexto socioeconómico, es relevante la colaboración y cooperación entre las administraciones pertinentes para diseñar medidas que impulsen y reconozcan las buenas prácticas empresariales así como la formación, el apoyo y el acompañamiento para la internacionalización de las empresas, teniendo en cuenta la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental, la consecución de los retos de la Agenda 2030, el capitalismo inclusivo y todas aquellas buenas prácticas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos.
