Hace tiempo que Europa dejó de ser sólo un proyecto económico. O al menos eso nos habíamos creído. La Unión Europea se construyó, en buena parte, para proteger a sus ciudadanos de las presiones de los mercados globales, garantizar soberanía – alimentaria, energética y territorial – y sostener un modelo propio basado en la calidad, el valor añadido y el arraigo en el territorio.
Hoy, sin embargo, este proyecto se encuentra en una encrucijada preocupante. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, a pesar de haber sido firmado formalmente, no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo y se encuentra actualmente suspendido mientras su encaje jurídico es examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación pone de manifiesto una tensión profunda entre el discurso europeo sobre sostenibilidad y las políticas comerciales que se quieren impulsar.
El acuerdo con el Mercosur es paradigmático no porque esté plenamente vigente, sino porque condensa las contradicciones de un modelo europeo que proclama la defensa del producto local, de la salud pública y de la sostenibilidad, mientras se prepara para abrir el mercado a productos que no cumplen los mismos estándares que se exigen a los productores europeos.
Competencia, costes y viabilidad empresarial
Durante décadas, el campesinado europeo y especialmente el de proximidad, ha asumido esfuerzos significativos para adaptarse a normativas ambientales, sanitarias y laborales cada vez más exigentes: certificaciones, controles, trazabilidad, reducción de fitosanitarios, bienestar animal o preservación del paisaje. Todo esto tiene un coste económico y también vital.
Este esfuerzo se ha asumido bajo la premisa de que era el camino hacia una agricultura más justa, más saludable y más sostenible. Pero ¿qué pasa cuando el mismo mercado se abre a productos que no han tenido que recorrer este camino? Cuando entran alimentos producidos con estándares que aquí están prohibidos, pero que compiten en el mismo lineal, con el mismo consumidor y con un precio muy inferior?
Para muchas pymes agroalimentarias y para la restauración, esta situación se traduce en una presión directa sobre márgenes, capacidad de inversión y continuidad del negocio. El mensaje implícito es claro: el esfuerzo no compensa, la calidad no se paga y el compromiso con el territorio no tiene retorno.
Desde un punto de vista económico, esto no es libre competencia, sino competencia desleal. No porque los productores del Sur global no tengan derecho a producir, sino porque juegan con reglas diferentes dentro de un mismo mercado. El resultado acostumbra a ser la concentración, la desaparición del pequeño productor y una dependencia exterior creciente, exactamente lo contrario de lo que necesita una economía resiliente.
Cuando el consumidor no puede decidir
En paralelo, se ha construido un discurso público que apela al consumidor responsable, al producto de kilómetro cero y a la compra consciente. Durante un tiempo, este relato funcionó porque el consumidor disponía de una opción real: campesinado vivo, mercados locales, circuitos cortos y presencia significativa de producto de proximidad en los puntos de venta.
En este contexto, la venta directa, la venta de proximidad y los sellos de calidad diferenciada han sido herramientas clave. Han permitido identificar el origen del producto, garantizar la trazabilidad y poner en valor la calidad. Cuando estos mecanismos funcionan, el consumo consciente deja de ser un eslogan y se convierte en una práctica real.
Este equilibrio, sin embargo, se ha ido rompiendo. Cuando las políticas comerciales facilitan la entrada de productos importados mucho más baratos y el precio se convierte en el criterio dominante, el coste real de producir de manera sostenible deja de reflejarse en el mercado. Los circuitos de proximidad quedan presionados hasta el límite y el consumidor pierde capacidad real de elección.
Exigir conciencia individual en este contexto es injusto. Se traslada la responsabilidad al acto de compra mientras se erosionan las condiciones estructurales que la hacen posible. Esto no es empoderar al consumidor, sino desresponsabilizar a las instituciones.
Este debate interpela directamente al sector del turismo y la restauración, un actor clave en la cadena de valor del producto de proximidad y en la construcción del relato gastronómico del país.
La gastronomía es uno de los principales activos de diferenciación turística. Habla de cocina arraigada en el territorio, de producto local, de temporada y de paisaje. Pero este relato no puede sostenerse sólo con discurso. Cuando el mercado penaliza el producto de proximidad por su coste real, mantenerlo a la carta se convierte en un acto de resistencia más que una decisión empresarial viable.
Las políticas públicas de promoción del producto local – campañas, distintivos o marcas territoriales – pierden credibilidad si no van acompañadas de políticas comerciales coherentes. No se puede pedir a la restauración que sea embajadora del territorio mientras el mercado castiga a aquellos que cumplen las normas.
El papel de los gremios y del territorio
En este contexto, el papel de los gremios, asociaciones y colectivos profesionales es clave. No sólo como espacios de representación sectorial, sino como herramientas de construcción de modelo. Permiten generar criterios compartidos, poner en valor el producto local de manera colectiva y dar visibilidad al campesinado.
Defender al campesinado es también defender un modelo turístico con identidad. Sin producto local no hay cocina propia. Sin cocina propia, el turismo se banaliza. Y sin un turismo con valor añadido, el territorio pierde oportunidades, cohesión y futuro.
Este debate no habla de ideas abstractas. Habla del Parque Agrario de El Baix Llobregat, de Les Terres de l’Ebre y de muchos otros espacios donde el campesinado sostiene paisaje, cultura y economía local. La alimentación no es una mercancía cualquiera: es salud pública, es prevención, es cultura y es política en el sentido más profundo del término.
Mirar hacia adelante con responsabilidad implica coherencia. No hay economía fuerte sin soberanía alimentaria, ni soberanía alimentaria sin productores vivos, dignos y protegidos.
Daniel Brasé, secretario general de la FIRHT y vicepresidente de Pimec Turismo
