La crisis de la vivienda en Cataluña es una problemática social que está en la agenda diaria. No es solo una cuestión social, sino también un reto económico que impacta en la capacidad de las empresas para captar y retener talento y pone en riesgo la competitividad del tejido productivo catalán.
La crisis de la vivienda en Cataluña ha dejado de ser únicamente una cuestión social para convertirse también en un reto económico de primer orden. La escasez de oferta, el encarecimiento del alquiler y la falta de una política de vivienda efectiva están afectando a la capacidad de las empresas para atraer y retener talento, y ponen en riesgo la competitividad del tejido productivo catalán. En este contexto, Pimec y The New Barcelona Post han impulsado el ciclo Eixample Talks, un espacio de debate que ha reunido a representantes del sector público y privado para analizar las causas estructurales del problema y, sobre todo, buscar soluciones basadas en la colaboración público-privada que permitan revertir una situación que ya está impactando en el desarrollo económico y social del país.
En Cataluña, la falta de oferta, los elevados precios del alquiler y el estancamiento de las políticas públicas han convertido la crisis de la vivienda en una de las principales preocupaciones sociales del país. Cada vez más familias se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler, los jóvenes tienen dificultades para independizarse y la ciudadanía ve reducidas sus opciones de acceder a una vivienda digna.
Según los datos más recientes del Informe sobre el sector de la vivienda en Cataluña 2024, el precio medio de la vivienda de segunda mano en Cataluña experimentó un aumento del 4,6% entre 2023 y 2024, mientras que el número de contratos de alquiler formalizados disminuyó un 10,8% durante 2024 en comparación con 2023. Este informe también señala que en 2024 se construyeron 13.210 viviendas de obra nueva, lo que supone una disminución del 4% respecto al año anterior.
Se trata de una crisis estructural que afecta a miles de familias y que, más allá de su dimensión social, empieza a tener graves consecuencias económicas. Esta problemática también está erosionando el tejido empresarial catalán. La falta de vivienda asequible limita la movilidad laboral, dificulta que las empresas puedan atraer y retener talento, y frena el crecimiento de ciertos sectores productivos.
Todo ello configura un panorama complejo que requiere respuestas coordinadas entre el sector público y el privado. Es necesario analizar las causas, pero aún más importante es centrarse en las soluciones, que deben tener un punto en común: el diálogo y la colaboración público-privada. Así lo han hecho desde Pimec y The New Barcelona Post, en el marco del ciclo de encuentros Eixample Talks, que ha abordado la crisis de la vivienda con expertos de ambos sectores para reflexionar sobre la situación actual y debatir soluciones para revertirla.
La construcción de vivienda protegida es uno de los ejes centrales en el debate sobre vivienda. El subdirector general de Vivienda Protegida y Suelo Residencial Asociado de la Agencia de Vivienda de Cataluña, Jaume Fornt, explica que la necesidad en Cataluña es de 13.000 viviendas sociales al año, pero en los últimos años esta cifra ha sido de alrededor de 3.000. “Lo que se necesita es un salto de escala importantísimo en la promoción de vivienda protegida, que es de las pocas medidas estructurales y útiles que se pueden llevar a cabo para salir de la situación actual”, señala Fornt, quien también menciona la colaboración público-privada como un elemento clave para lograr este salto. Además, destaca la urgencia de contar con nuevas entidades dispuestas a construir vivienda protegida. “Necesitamos nuevos actores, porque si no tenemos un sistema para construir viviendas, no basta con disponer de suelo”, afirma el experto.
El director del colegio de APIS y miembro del Grupo de Trabajo de Vivienda de Pimec, Carles Sala, manifiesta que Cataluña se encuentra en una situación de shock de demanda. “Terminaremos 2025 con un déficit de 125.000 viviendas y para corregir este déficit estructural es absolutamente indispensable la colaboración público-privada”, dice Sala, quien también señala al sector privado como un actor clave para proporcionar parte de la oferta necesaria para cubrir la demanda. “El plan de vivienda propuesto por el Gobierno contempla la construcción de 50.000 viviendas en 5 años, pero no podemos pensar que esto se puede lograr solo con promotoras públicas”, añade.
Sobre este déficit, el director de CBRE Barcelona, Xavier Güell, expresa que “se ha legislado de espaldas al sector privado, que es el principal motor económico del país”. En este sentido, y poniendo como ejemplo Barcelona, detalla que el 30% de las viviendas de protección oficial están en el centro de la ciudad y que, de la previsión de construir 1.700 viviendas de estas características, desde 2018 solo se han construido 144. “El sector privado tiene la obligación moral de contribuir a resolver problemas públicos, pero hay que acompañarlo, y en cuanto a vivienda tenemos muchísimas empresas dispuestas a ayudar”, comenta Güell.
La afectación al tejido empresarial
La dificultad de acceso a la vivienda incide en la sociedad y, por tanto, en el tejido empresarial catalán. La escalada de los precios del alquiler o la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad ha expulsado a muchas personas trabajadoras hacia zonas más alejadas de sus centros de trabajo, impactando en sus costes y tiempo de desplazamiento. Las pymes, que son el motor de la economía, ya tienen actualmente dificultades para encontrar personal cualificado y adaptado a las necesidades reales de las empresas, y esta problemática se agrava con la dificultad de poder vivir en la mayoría de las ciudades debido a los precios de la vivienda.
Este desequilibrio en el acceso a la vivienda desincentiva la llegada y la retención de talento, lo cual repercute directamente en la competitividad de las empresas y las obliga, en muchas ocasiones, a buscar alternativas fuera de las zonas más tensionadas. La falta de vivienda asequible se traduce en una mayor rotación laboral, en dificultades para cubrir puestos de trabajo esenciales y, en consecuencia, en una pérdida de productividad. A todo esto se suma el aumento de la movilidad derivada de la distancia entre el lugar de residencia y el centro de trabajo, lo cual puede generar externalidades negativas como la contaminación, la congestión vial o el incremento de la siniestralidad.
En el marco de la primera sesión de Eixample Talks, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, señaló que “la demanda que tenemos actualmente no responde a la oferta porque en su momento no se tomaron las decisiones correctas”, destacando que esto debe revertirse a través de la colaboración público-privada. Asimismo, el presidente de la entidad alertó de que el primer problema que tienen las empresas es encontrar talento, y este hecho está directamente vinculado con la dificultad de acceso a una vivienda. “Hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay vivienda y, por tanto, debemos reflexionar conjuntamente para encontrar soluciones que puedan revertir esta situación”, afirmó Cañete.
¿Y cómo se pueden abordar estas soluciones? La jefa del servicio de Vivienda e Innovación del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), Blanca Noguera, afirmó que “es necesario construir el mayor número posible de viviendas, pero también debemos pensar en qué tipo de vivienda del futuro queremos”. Este ejercicio de reflexión pasa por analizar cómo vive la sociedad actualmente, qué necesita, qué recursos económicos hay disponibles y también por situar en el centro la vivienda social, de calidad y comprometida con el medio ambiente. “Debemos pensar en la reutilización creativa del parque existente, qué podemos hacer con lo que ya tenemos y abordar la rehabilitación o recuperación de edificios ya construidos”, comentó la experta.
Recupera el Eixample Talks sobre el reto de la vivienda
Natalia Guerrero, técnica de comunicación de Pimec
