El Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) se creó en 2012 con una finalidad clara: contribuir al sostenimiento de los servicios e infraestructuras que la presión turística puede afectar, especialmente en zonas de gran afluencia, y a la promoción turística. Con los años, este impuesto ha evolucionado y ha ido incrementando sus tarifas de manera progresiva y, a menudo, sin un retorno claro ni equilibrado hacia el sector que las genera. Desde su entrada en vigor, el IEET se ha convertido en una fuente relevante de recaudación para la Generalitat, donde la ciudad de Barcelona tiene un papel importante.
Este 2025 se ha acordado una nueva modificación que ha generado un fuerte rechazo dentro del sector turístico: un incremento drástico de la tasa que, como mínimo, ha duplicado y hasta casi quintuplicar los importes en otros casos, y sobre todo, con unas formas que vulneran los principios básicos de seguridad jurídica y proporcionalidad.
El ruido político y jurídico: una sucesión de decretos leyes y falta de garantías
La imposición del nuevo modelo del IEET se ha hecho a través de tres decretos leyes consecutivos (DL 6/2025, 9/2025 y 10/2025). Esta vía exprés ha sido ampliamente criticada por su carácter excepcional, puesto que evita los procedimientos parlamentarios ordinarios, la consulta pública y el debate sectorial. El recurso sistemático al decreto ley desvirtúa el espíritu del artículo 64 del Estatuto de Autonomía, que se reserva para situaciones de necesidad extraordinaria y urgente. Además, se ha ignorado el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que ya advirtió en otras ocasiones sobre la inadecuación de este mecanismo para regular materias de naturaleza tributaria con impacto económico estructural.
El relato: del problema de vivienda al turismo como chivo expiatorio
Con este nuevo acuerdo, se quiere imponer un relato simplista y demagógico: vincular directamente el problema de la vivienda a la presencia de turismo y, en particular, a las viviendas de uso turístico.
El parque de vivienda social representa en Cataluña solo un 1,5–1,7% del total, muy lejos de la media europea del 9–15%. La crisis de vivienda tiene causas mucho más profundas como la falta de inversión pública, un parque de vivienda social absolutamente insuficiente… mientras el gasto público en vivienda social no llega al 0,1% del PIB, cuando la media europea es del 0,6%.
Paralelamente, dinámicas de inversión privada por rentabilidad y la llegada masiva de nómadas digitales y expatriados —con un 43% de los nuevos alquileres destinados a extranjeros— han disparado los precios casi un 70% entre 2014 y 2024, destinando casi la mitad del salario medio solo al alquiler.
Pretender revertir estas lacras históricas con la fiscalidad turística —con una potencial recaudación de 200 millones de euros al año— resulta tanto injusto como ineficaz, porque no compensa décadas de inversión pública inexistente ni resuelve la insuficiencia estructural del parque residencial. El turismo no puede asumir, por la vía fiscal, el coste de décadas de ausencia de políticas públicas de vivienda.
Un castigo uniformizador: el problema de hacer pagar a todo el mundo por igual
La aplicación uniforme del incremento de la tasa ignora las diferencias territoriales y las realidades económicas diversas del país. El aumento perjudica especialmente a las zonas turísticas emergentes, los municipios del interior, las comarcas de montaña y los destinos que trabajan activamente para desestacionalizar el turismo y generar actividad fuera de temporada.
En comarcas altamente turísticas como Alta Ribagorça (hasta el 30,7% del PIB), el Pallars Sobirà (26,7%), y la Cerdaña (16,6%), el turismo es una fuente económica capital, y resulta más que evidente el impacto desproporcionado que puede tener este incremento sobre economías locales altamente dependientes del sector y muy estacionales.
Unidad del sector: una respuesta clara y cohesionada
Pese a este escenario, hay que poner en valor la unidad que ha mostrado el sector turístico catalán. Patronales, asociaciones empresariales y entidades profesionales han reaccionado de manera coordinada, ofreciendo propuestas para modular la tasa según la temporada, compensar zonas vulnerables y garantizar la reinversión territorialitzada de los recursos recaudados.
Este consenso es el reflejo de un sector maduro, que no niega la necesidad de contribuir fiscalmente, pero que exige criterios de justicia, equidad y sostenibilidad. La exigencia es clara: no más cargas sin retorno, no más improvisaciones legislativas, y no más demonización de un sector que genera ocupación, riqueza y proyección internacional.
Conclusión: una oportunidad perdida
El PIB turístico catalán es más del 14,5% de forma global, teniendo en cuenta que muchas comarcas de Cataluña con un PIB segregado llegan a más del 60%.
No puede ser que la falta de diálogo, la improvisación legislativa y la voluntad política, puedan perjudicar gravemente al turismo.
El acuerdo sobre el IEET tiene que representar una reforma útil y justa, siendo una oportunidad para avanzar hacia una fiscalidad turística equilibrada, racional y objetiva.
Hace falta una nueva mirada responsable y descentralizada, basada en datos y que no criminalice al turismo, sino que lo reconozca como un activo clave de país. Cataluña no se puede permitir el lujo de romper el puente entre la política fiscal y la realidad económica. Tenemos que desestacionalizar, desconcentrar y potenciar el reequilibrio territorial.
Carlos Rabaneda, presidente de Pimec Turismo
