Entrevista a Rafael Carrasco, presidente de la Asociación Empresarial del Polígono Industrial de Castellví de Rosanes (AEPIR)
El polígono que usted preside se ha convertido en la primera comunidad energética 100% industrial de Cataluña. ¿Cómo surgió este proyecto?
Todo comenzó con motivo de la primera convocatoria del programa de incentivos para proyectos piloto singulares de comunidades energéticas CE Implementa, impulsado por IDAE y conseguido a través de la colaboración publico-privada con el Ayuntamiento de Castellví de Rosanes. Era febrero de 2022 y se enmarcaba dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del que hemos obtenido una subvención para el 36% del total del proyecto.
Desde Pimec Polígonos, entidad gerente de la asociación, se mostraron muy confiados en que nos darían el proyecto y, por eso, decidimos participar. En aquel momento, ya llevábamos más de cuatro años haciendo compras agregadas de energía de manera anual y el siguiente paso era intentar generar un proyecto propio con impacto directo en el entorno y la comunidad industrial de la que formamos parte. Yo diría que fue bastante osado.
¿Cómo funciona exactamente?
A lo largo de la primera fase hemos llevado a cabo un proyecto de autoconsumo compartido colectivo entre las seis empresas participantes y un total de 7 suministros que se sustentan con dos instalaciones fotovoltaicas de 120Kwp cada una.
Como elemento diferenciador, quiero destacar que todos los suministros se nutren de ambas instalaciones, es decir, los diferentes consumidores participan de ambas instalaciones. Esto es innovador porque lo habitual es que un consumidor participe de una instalación. Además, la comunidad dispone de la instalación de cuatro cargadores eléctricos en el Polígono.
¿Cree que el proyecto hubiera sido posible sin el empujón del asociacionismo empresarial?
Por supuesto que no. Nuestra asociación, que no es más que una comunidad industrial, ha sido y es vital para el correcto desarrollo de la actividad industrial que se lleva a cabo en el polígono, tanto en el ámbito del entorno como para la comunidad.
Somos una asociación desde 2008, pero primero fuimos Junta de Compensación y Conservación, con todo lo que esto comporta. Nuestra representatividad es del 58% y nuestro principal objetivo es el de velar porque el entorno industrial que ocupamos sea competitivo. Este hecho nos lleva a tener una relación estrecha con el Ayuntamiento y, desde hace años, nos ha permitido poder gestionar -a pesar de que no al 100% todavía- lo que pasa y lo que pasará en nuestro polígono.
Como ejemplo, hemos desplegado nosotros mismos la infraestructura de fibra óptica. Desde la Diputación, nos han otorgado en dos convocatorias el Plan Sectorial de Mejora de Polígonos Industriales, con una inversión total en mejoras de la red de suministro de agua, hidrantes, iluminación y movilidad, de 944.194,75€. Entre otras cuestiones, esto nos ha facilitado una mejora de la señalización vertical.
¿Cómo está funcionando el proyecto? ¿Qué resultados positivos están registrando?
Una vez ya operativo al 100%, el proyecto está dando respuesta a los objetivos fijados desde un inicio, que pasan por incrementar la competitividad del tejido industrial a través de una reducción de costes. Pero, sobre todo, el proyecto nos permite ser más independientes de las idas y venidas del mercado eléctrico en referencia al coste de la energía. También, contribuimos de manera directa a los objetivos de transición energética y descarbonización que se les exige a las empresas.
A nivel cuantitativo y cogiendo 2024 como referencia, podemos celebrar que el 70% de la energía generada se consume dentro de la comunidad, que la producción fotovoltaica cubre el 35% del consumo total de los participantes, así como una reducción media del 31% en la factura eléctrica de las empresas. Por otro lado, hemos contabilizado que las emisiones de CO2 han sido de 58 toneladas al año, con una amortización del proyecto prevista en 4 años.
¿Qué dificultades se han encontrado a lo largo de este proceso?
Nos hemos encontrado con diferentes trabas fruto de la novedad del proyecto. Hay que destacar que empezamos en 2022 y, a fecha de hoy, todavía se está impulsando la puesta en marcha de las comunidades como algo innovador.
Ha sido muy pesado el proceso de trámites administrativos, como licencias o legalización del punto de consumo o la emisión de facturas por parte de la comercializadora, ya que la distribuidora eléctrica no facilitaba las lecturas. No ha sido hasta a inicios de 2025 cuando hemos empezado a recibir la remuneración por la venta de excedentes.
