Entre los años 2015 y 2018 se cursaron en España unos 5.000 casos relacionados con la Ley de la Segunda Oportunidad. Unos datos que contrastan con el 26,6% de la población en riesgo de exclusión social, un paro del 14,1% y una economía sumergida del 24%. La necesidad de una buena Ley de Segunda Oportunidad se muestra evidente, pero ¿por qué no responde a las necesidades reales de la situación de los españoles?
Los motivos por los cuales la Ley de Segunda Oportunidad no ha conseguido su objetivo son diversos: la falta de una correcta difusión de la normativa y de sus propósitos, la poca utilidad del trámite previo de mediación extrajudicial, la excesiva complejidad del sistema que propone la ley y las deficiencias técnicas de la reforma.
El sistema de tratamiento de la insolvencia está socavado y no ayuda a los empresarios ni a las familias. La ley favorece la exclusión financiera del deudor mediante una publicidad adicional del dato negativo de la insolvencia. La inscripción en registros públicos de incapacidad de pago de una deuda o de morosos in eternum provoca la muerte civil del deudor o propicia su paso a la economía sumergida para poder sobrevivir.
Para tener una regulación eficaz es necesario seguir el camino planteado por economías más avanzadas que la nuestra. El impacto ha sido positivo en países con experiencia de muchos años en la aplicación de leyes que contribuyen a la rehabilitación del deudor honesto. En concreto, y frente a los 5.000 casos atendidos en España en 3 años, cabe realizar la equiparación con los países europeos de nuestro entorno y, en este sentido, observamos que estamos muy por debajo de los 107.000 casos anuales de Alemania, los 99.000 de Inglaterra y los 180.000 de Francia.
Es necesario esforzarse por realizar un cambio cultural que asuma que el fracaso forma parte del éxito, y sentar las bases que permitan a las personas que fracasan la posibilidad de entrar de nuevo en el proceso productivo lo antes posible. Las consecuencias de no actuar de esta manera las estamos sufriendo: economía sumergida, paro, exclusión social y consumo de prestaciones sociales; unos subsidios que, evidentemente, pagamos entre todos.
José María Torres, presidente ejecutivo de Grupo Numintec y patrón de la Fundación PIMEC
