Ya es un tópico que Catalunya reciba menos inversiones del Estado en infraestructuras de las que corresponden. Esto sucede por la confluencia de dos factores: por un lado, porque los presupuestos de inversión están sistemáticamente por debajo de lo que correspondería; por otro lado, porque las inversiones previstas se ejecutan solo en una parte. Esta es la triste realidad de la inversión pública en Catalunya, que contrasta frontalmente con las visitas que de vez en cuando nos hacen políticos cargados de promesas multimillonarias.

Desde una perspectiva empresarial, sería inconcebible que los presupuestos de inversión anuales y plurianuales de nuestras empresas registrasen las desviaciones a la baja que registran los presupuestos generales del Estado. Sea por falta de recursos, sea por falta de planificación de los proyectos, sea porque a lo largo del año surgen otras urgencias presupuestarias, ya resulta normal que el Estado invierta 2/3 de lo que tenía previsto en su presupuesto. Un grado de cumplimiento como este sería un fracaso continuado en cualquier empresa, que tendría unas consecuencias directas sobre su equipo directivo.

No es lógico que una población que representa más del 16% del total español y que genera más del 19% del PIB haya recibido, en los últimos 27 años, el 12% de media de la inversión pública real, o del 10,3% en los últimos cinco años.  Catalunya tendría que ser tratada en los presupuestos con una mayor correspondencia con su peso demográfico y económico, y de acuerdo con su potencial de crecimiento. Y una vez presupuestadas las inversiones, hay que ejecutarlas: la media de ejecución del grupo Ministerio de Fomento (que representa el 84% de la inversión total del Estado en Catalunya) de los últimos 17 años es del 77,7% de lo presupuestado. Cada año se ha dejado de ejecutar el 22,3% de lo que estaba presupuestado, es decir, que prácticamente es como si cada cuatro-cinco años la inversión fuera igual a 0.

Para las empresas, todo esto resulta bastante incomprensible. Y, en este sentido, hay que celebrar la propuesta que hace PIMEC para preservar los compromisos de inversión pública estatal en infraestructuras (ver INFORMES PIMEC 4/2019). Concretamente se propone una medida legislativa tan simple como incorporar a la Ley General Presupuestaria (L.47/2003) una disposición para garantizar que se cumpla un porcentaje mínimo de las inversiones presupuestadas (por ejemplo, un 90%) y que, en caso de que no se cumpla, se transfieran a la comunidad autónoma afectada por los recursos no invertidos, comprometiéndose ésta a invertirlos en infraestructuras. Sea en este porcentaje o en otro superior, esto garantizaría una ejecución inversora con menores desviaciones que las actuales, aunque el objetivo debería ser que la desviación fuera próxima a 0, como ocurre, por ejemplo, con los sueldos de los funcionarios.