En un reciente INFORMES PIMEC, el Observatorio de la PIMEC ha recogido datos actualizados sobre empleados públicos en Catalunya. Se trata de un ejercicio que se viene realizando desde hace algunos años y que en este caso presenta el estado de la cuestión en enero de 2019 y en el que se hace una comparativa con enero de 2013.

El número de asalariados del sector público a principios de este año se cifraba en 319.759, un valor un 2,3% superior al de 2013. El peso de estos empleados sobre el total de empleados públicos existentes en el conjunto del Estado es del 12,3%, porcentaje inferior al peso de la población catalana sobre la española (16%) o sobre el PIB (cerca del 20%).

En Catalunya, la distribución de las administraciones que operan en su territorio es esta: Administración central, 8,1%; Administración autonómica, 55,1%, Administración local, 28% y Universidades, 8,8%.

Dos indicadores sirven para sopesar la importancia del empleo público en el conjunto de la economía. El primero es el peso de los empleados públicos sobre los ocupados totales. En Catalunya, este registro es el más bajo de todo el Estado, concretamente del 9,3%. De hecho, desde que elaboramos este indicador, Catalunya tiene siempre el valor más bajo. Contrasta con los niveles superiores al 15% que registran las dos Castillas, Aragón y Asturias; y contrasta todavía más con el 23,4% que registra Extremadura, 2,5 veces más que el nivel catalán.

El segundo indicador es el número de empleados públicos en relación con la población a la que sirven. En este registro Catalunya también es la comunidad menos dotada: 41,3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, el nivel más bajo de todo el Estado. Las dos Castillas y Aragón tienen entre 66 y 69 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, un 63% más que Catalunya. El caso más diferenciado es el de Extremadura, que cuenta con 84,5 trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes, más del doble que Catalunya. Para entender la magnitud de la diferencia, si Catalunya tuviera esta relación de empleados públicos, harían falta 335.700 personas más ocupadas, con lo que el paro registrado en enero de 2019 hubiera sido de 62.000 personas en vez de las 398.000 registradas.

Una parte de la distancia de empleados públicos entre Catalunya y las demás comunidades se puede explicar por la política de concertaciones entre el sector público y el sector privado, sobre todo en los ámbitos educativo y sanitario, que en Catalunya cuentan con una larga tradición e implantación. En resumen, en términos de empleo, nuestra economía es mucho más privada que pública.