La mejora de la formación profesional ha sido una reclamación histórica de PIMEC, porque lo es también del tejido empresarial: conectar más y mejor la oferta de puestos de trabajo con los perfiles de las personas que los tienen que ocupar para la mejora de la competitividad de nuestras empresas.
De hecho, lo hemos ido explicando en nuestros estudios, identificando la alta proporción de personas con titulación superior, en paralelo a la baja proporción de personas con titulación mediana, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. También hemos identificado que esta cuestión era un problema estructural que alejaba los niveles competenciales de las personas de los perfiles profesionales demandados (y necesarios) para las empresas. Este hecho se ha acentuado en la era post Covid con la aceleración de las transformaciones energética y digital.
Y en la obstinada dedicación a identificar las necesidades de nuestro mercado de trabajo y nuestras empresas, al evidenciar carencias, ponerlas de relieve en todos los espacios de participación y representación, hemos podido promover también la sensibilidad de las instituciones y el resto de agentes para el impulso de algunos cambios.
En este sentido, a la Comisión Rectora de la Formación Profesional del pasado mes de marzo logramos un acuerdo para la planificación de la formación profesional en Cataluña, junto con el resto de agentes sociales y económicos y el Gobierno. Este acuerdo es un instrumento que permite establecer los criterios de planificación, así como los principales compromisos en materia de información y orientación formativa y profesional. El acuerdo nace con el impulso de PIMEC por la necesidad urgente de transformar la estructura de calificación profesional, y para situarla cómo una de las palancas decisivas de cambio en Cataluña, puesto que impacta tanto sobre las trayectorias formativas y profesionales de las personas como en el acceso a un nivel más alto de competitividad de las empresas.
Este acuerdo era continuación de la apuesta que PIMEC hizo en la la negociación de medidas para los Presupuestos de la Generalitat para el 2023, en que también hicimos una apuesta decidida en materia de formación. Incluye los 42 criterios sobre los cuales se tienen que sentar las bases del procedimiento de planificación de la oferta formativa, de entre los cuales destacan estos: el incremento en 15,5?M€ destinados a la creación de nuevos ciclos; doblar el número de personas orientadoras; optimizar los recursos existentes para la oferta integrada y complementaria con la actual, y compartir los datos de preinscripción y matrícula en el marco de la Comisión Rectora. Por otro lado, existe el compromiso, en cuanto a la mejora del proceso de preinscripción para el curso 2023-24, de implementar las medidas necesarias para garantizar que la asignación final de plazas no se demore más allá del mes de julio, ampliando los criterios de continuidad formativa a las personas provenientes de PFI o de centros de adultos, o a aquellas de primero de bachillerato que quieran reconducir su itinerario formativo, con el compromiso de que acaben logrando la accesibilidad universal en la FP.
Desde PIMEC estamos convencidos que este acuerdo nos permite avanzar en el objetivo estratégico de poner la formación profesional al servicio del progreso social y económico del país.
Así pues, PIMEC promueve la acción cuando, recogiendo inquietudes y necesidades de las empresas, entidades, asociaciones y gremios, las evalúa, las analiza y complementa con datos objetivos, reflexiona sobre el resultado; y, a la vez, cuando de todo hace propuestas para promover los máximos consensos que ayuden a progresar al país. Este es un caso, y esperamos que dé sus frutos lo antes posible.
Josep Ginesta
Secretario general de PIMEC
