Las últimas cifras que ha facilitado La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en su informe relativo a la morosidad y los plazos de pago de 2019 continúan siendo poco alentadoras a pesar de las medidas que recoge la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en este aspecto. Según este informe, por tercer año consecutivo se ha incrementado la morosidad en las compañías españolas, que se sitúa en un 3,1% de la facturación. Además, también se produce un incremento del plazo efectivo de pago, no solo por parte de las empresas, sino también de las Administraciones Públicas. Según la PMcM, el plazo medio de pago del sector público se sitúa en 70 días y el del sector privado en 73 días, muy por encima de lo que se prevé legalmente.
Hay que recordar que la Ley, modificada en 2010, prevé un plazo máximo de 60 días para el pago por parte de empresas, que se complementa con el plazo de 30 días previsto para el pago por parte de las Administraciones Públicas que prevé la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Así mismo, establece el devengo automático de intereses, sin la necesidad de requerimiento al deudor, desde el momento del vencimiento de la deuda sin que se haya producido el pago. Además, recoge una indemnización por costes para el cobro y medidas para paliar las cláusulas abusivas en cuanto a plazos de pago. Pero lo más grave es que, a pesar de estas previsiones, cada vez hay más empresarios que se encuentran ahogados por la financiación bancaria, o que tienen que recurrir a medidas de reestructuración empresarial, sea de carácter mercantil o laboral, o que incluso tienen que acudir a un concurso de acreedores, incapaces de poder hacer frente a sus pagos como consecuencia de la morosidad y el incumplimiento de plazos por parte de sus deudores.
Como conclusión, por un lado, se podrían explicar muchas de estas situaciones en prácticas comerciales en las que muchas empresas que sufren la morosidad se ven afectadas por una imposición de condiciones y plazos de pago abusivos, que no denuncian pese a las medidas legales existentes, por miedo a perder el cliente. Por otro lado, está claro que hace falta un refuerzo en cuanto a medidas contundentes para hacer desaparecer esta realidad que arrastra el tejido empresarial, como por ejemplo un régimen sancionador por incumplimiento de la legislación de lucha contra la morosidad, el cual ya quedó en suspenso en el Congreso hace dos legislaturas y que se prevé como un complemento eficaz a la normativa actual.
