El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de anticipar las elecciones generales al 23 de julio parecía comportar dejar paralizada la tramitación de algunas de las regulaciones “estrella” que se preveían por el fin de su mandato. Una de ellas era el Proyecto de Ley de Familias, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de marzo y que incluía medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
En este marco político, y dado el estancamiento parlamentario que venía sufriendo esta ley por la oposición en el Congreso de los Diputados, el Gobierno hace uso de la vía rápida publicando el RD-Ley 5/2023 que incluye mejoras en los permisos parentales y medidas de conciliación, que entraron en vigor el 1 de julio de 2023.
La exposición de motivos justifica la urgencia en base a la obligatoriedad de transposición de Directivas de la Unión Europea, y recoge que la finalidad de la norma es introducir la corresponsabilidad así como un marco de seguridad en el conocimiento y ejercicio de los derechos relacionados con el cuidado de menores.
En concreto, incorpora un nuevo permiso parental de 8 semanas para el cuidado de menores de 8 años, que es un permiso sin remuneración económica.
La norma contempla también mejoras en los permisos retribuidos, con ampliación a las parejas de hecho, y con una nueva redacción que supone alargar hasta 5 días el permiso en caso de accidente y enfermedad grave.
La tercera novedad es el permiso retribuido de 4 días anuales por causa de fuerza mayor por motivos urgentes con familiares o con quienes convivan. La “fuerza mayor” tiene un carácter muy restringido y excepcional, pero de difícil objetivación en un ámbito tan sensible como el ámbito de atención familiar.
No menos importante es la ampliación de la posibilidad de adaptación de la jornada para la atención de menor de 12 años o persona dependiente, con una reducción de los plazos de contestación de petición a 15 días, e introduciendo la presunción de concesión ante la falta de contestación o justificación.
Por último, se establecen garantías para las personas que ejerzan estos derechos de conciliación.
Así pues, si la nueva regulación impulsa la corresponsabilidad nos lo dirá el tiempo; pero las incógnitas sobre los límites de algunos de los nuevos permisos generan un marco de cierta inseguridad y de posible conflictividad, que quizás una tramitación parlamentaria más sosegada hubiera podido mitigar.
