Pero pase lo que pase, condicionará al mercado de trabajo y a la economía en general, afectando a la competitividad y a la viabilidad de muchas empresas, especialmente pymes y determinados sectores donde el impacto será mayor.
Objetivamente, con más o menos intensidad en función de quien lo analiza, la reducción de la jornada máxima legal que se propone generará un impacto en nuestra economía en términos de tensión inflacionaria, pérdida de PIB, pérdida de puestos de trabajo, oscilación en la productividad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios a corto plazo. Así lo pronostica la literatura que ha analizado estos impactos en países donde se ha llevado a cabo.
Sin ir demasiado lejos, la reducción de jornada en Francia en 1982 produjo una pérdida de ocupación, mientras que en 2008 no incrementó la ocupación y produjo un incremento de la rotación laboral poco óptimo.
En general, las reformas de finales de los 90 de Bélgica, Italia, Portugal y Eslovenia, produjeron una reducción de la jornada media, pero no crearon ocupación. Algunos autores, incluso, concretan que la reducción de la jornada en 5 horas semanales podría comportar una bajada en la productividad del 9%, es decir, prácticamente 2 puntos por hora.
Según otros, no comportaría reducción, si bien tampoco aportaría mejoras a medio plazo. A pesar de que pueda parecer que siembro malos augurios, son datos que parecen coherentes, salvo que todos pensamos que podemos hacer lo mismo con menos tiempo, hecho que, quizás es cierto en algunos casos, pero difícilmente lo es a nivel agregado.
Con la propuesta de trabajar menos y ganar más o lo mismo, es imposible estar en contra. Cosa diferente es como se hace, quién lo paga, y como se resuelve el callejón sin salida de avanzar en un país con déficits estructurales en materia de trabajo como el nuestro.
La propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fruto del acuerdo político del gobierno de coalición en el Estado, comportará que -a partir de su aplicación- todos los que trabajen más de 40 horas de media vean alterada su jornada. Los que trabajen a tiempo parcial, si se mantiene la propuesta que hay actualmente, no verán reducida la jornada, pero verán incrementado su salario trabajando lo mismo.
La otra cara de la moneda de esta medida, muy social, es el incremento de los costes laborales unitarios en las empresas de hasta un 8,20%. Al incremento de costes laborales derivados del mismo salario por menos tiempo de fuerza del trabajo tenemos que añadir otra certeza; la necesidad de cubrir vacantes. En algunos casos, habrá sectores con dificultades evidentes para cubrirlas, como es el caso de las oficinas de farmacia o de los instaladores, entre otros.
Por otro lado, hay que recordar que el mercado de trabajo de nuestro país tiene algunas particularidades respecto del de las economías de nuestro alrededor. Tenemos el séptimo salario mínimo más alto de Europa y lideramos el indicador de salario digno con el porcentaje más alto de proporción entre salario mínimo y salario medio o mediano. Tenemos una progresiva reducción del trabajo temporal con un creciente peso de la contratación indefinida desde la reforma laboral, a pesar de que sea con fórmulas intermitentes. Tenemos un alto absentismo, y una altísima tasa de incidencia de bajas laborales (de hecho, Cataluña la tiene de las más altas de la UE). Tenemos una tasa de paro tan alta como poco razonable para un país desarrollado, liderando la de la UE (España tiene el 28% del paro de la zona euro) y las tasas de la OCDE.
De hecho, crece nuestro PIB, crece nuestra ocupación, pero lo podría hacer mucho más y mejor si nuestras empresas pudieran cubrir las vacantes que muchas de ellas tienen y con los perfiles adecuados.
Además, sufrimos una lacra que no nos acabamos de sacar de encima a pesar de las reformas que nos han hecho progresar en derechos laborales; la bajísima productividad.
Esta retahíla de factores dibuja una fotografía de un mercado de trabajo que es poco eficaz, poco eficiente, y poco efectivo.
El reto lo compartimos persones trabajadoras y empresarias, porque todos vamos hacia el mismo destino del progreso sostenible. Tenemos que debatir cómo organizamos el trabajo y mejoramos el tiempo de trabajo, el tiempo en el que habríamos y podríamos trabajar mejor. El tiempo en que compartimos para hacer viables nuestras empresas y nuestra historia personal.
Sería esperable que este debate de trabajar y vivir mejor guiara el debate político que, al final, es el que puede acabar cambiando la norma. Hace falta que este debate de trabajar mejor se haga, resolviendo todas las problemáticas a la vez y promoviendo una organización y un tiempo de trabajo más adecuado.
Al final, los países que lo han hecho, han convertido la efectividad de su trabajo en sinónimo de menos tiempo de trabajo efectivo. Detrás de todo, hay la supervivencia de empresas y la felicidad de las personas, y ninguna de las dos cosas se puede desatar de nuestro progreso como sociedad.
Josep Ginesta – Secretario general de PIMEC
