La vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas

Una de las obligaciones de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales y del cumplimiento del deber de seguridad de sus trabajadores es la vigilancia de la salud, según establece el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Esta vigilancia de la salud de los trabajadores se hace en función de los riesgos inherentes al trabajo y se hace efectiva mediante reconocimientos médicos por parte de personal sanitario con competencias técnicas, capacitación y formación específica, de los servicios de prevención propios o ajenos.

La regla general que establece el mencionado artículo 22 de la LPRL es el carácter voluntario del reconocimiento médico, y dice literalmente que esta vigilancia solo se podrá hacer efectiva cuando el trabajador dé su consentimiento. Este principio de voluntariedad proviene de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 14).

Esta regla general tiene excepciones en los siguientes supuestos:

– Cuando el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

– Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para sus compañeros u otras personas relacionadas con la empresa.

– Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación a la protección ante riesgos específicos o en actividades laborales de especial peligrosidad.

En estos supuestos excepcionales, el reconocimiento médico deja de ser voluntario y acontece una obligación del trabajador. El cimiento de esta obligación recae en el hecho de que estos supuestos afectan a derechos e intereses de otros, como señalaba la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004, al decir que “la obligatoriedad no se puede imponer si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objectivable, puesto que aquel es libre para disponer de la vigilancia de la salud sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para decidir”. La jurisprudencia constitucional habla de un “riesgo efectivo para la salud por las características personales, anatómicas o biológicas del sujeto o por razones objetivas del puesto de trabajo”.

La empresa tiene la responsabilidad de determinar, con el asesoramiento de los servicios de prevención, los casos en los que es obligatorio el reconocimiento médico, teniendo que pedir previamente un informe, que no es vinculante, a los representantes de los trabajadores.

Sobre la cuestión atendiendo a la voluntariedad o, en su caso, a la excepcional obligatoriedad de los reconocimientos médicos ha emitido su criterio no vinculante la Dirección General de Trabajo en varias consultas (de 9/10/1998, 03/04/2002, 29/05/2003, 10/02/2004 y 14/07/2004, entre otras). Un convenio colectivo, por ejemplo, no puede establecer válidamente la obligatoriedad del reconocimiento médico fuera de los supuestos legales de obligatoriedad que implican un riesgo o un peligro objetivable. Tampoco un informe emitido por un Comité de Empresa (Consulta DGT de 9/10/1998).

En el contexto concreto de la actual situación de crisis sanitaria masiva provocada por la propagación del SARS-CoV-2, a pesar de que existe un riesgo evidente de contagio del coronavirus en el entorno laboral, no se puede afirmar que este riesgo haga necesario y obligatorio el reconocimiento médico con carácter generalizado de toda la plantilla para verificar si el estado de salud de los trabajadores representa un riesgo para su entorno. Tampoco se puede afirmar la obligatoriedad respecto de los trabajadores que hayan sido dados de alta después de un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2.

Probablemente la solución menos conflictiva es que los servicios de prevención empresariales faciliten que un trabajador sospechoso de infección o con síntomas compatibles pase a la situación de baja laboral o aislamiento preventivo, siguiendo el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” que ha sido elaborada con la participación del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y asociaciones profesionales del ámbito de la sanidad y la seguridad en el trabajo (actualizado a 08/04/2020).

Existen ciertamente pronunciamientos judiciales que confirman el ejercicio de la potestad disciplinaria de la empresa, aún el despido disciplinario, en casos como el de la Sentencia de 17/10/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Reguera. n.º 3241/2019). Pero en aquel caso sometido a su consideración, como decía la propia Sala, “no está en discusión que por la actividad del actor tenía que pasar un reconocimiento médico obligatorio por el que su voluntad de someterse o no al mismo, y las consecuencias de no hacerlo, son totalmente diferentes que cuando el reconocimiento no tiene este carácter obligatorio”. Se trataba de un carretillero que por razón de la utilización del equipo de trabajo que tenía que utilizar, se tenía que someter a reconocimientos médicos periódicos con pruebas analíticas de sangre y orina, y que tenía caducado el último, habiéndose ausentado sin causa justificada, dos veces seguidas, a las citas gestionadas por su empresa con el servicio externo de vigilancia de la salud.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Asegurar nuestro motor económico

Next Story

Servicios emergentes en el comercio a raíz del Covid-19

Latest from Panorama