Trabajar por cuenta propia implica responsabilidad, riesgo y una dependencia directa tanto del negocio como de la salud. Cada día, miles de personas levantan la persiana, gestionan su actividad y toman decisiones que afectan a su economía y a la de sus familias. Es un colectivo que ejerce, al mismo tiempo, una función laboral y empresarial. Por ello, su protección social no es un lujo: es una necesidad esencial que debe adaptarse a su realidad.
La reforma del RETA de 2023 representó un primer paso, con avances en la cotización por tramos, pero queda mucho trabajo por hacer. Es necesario un sistema coherente que permita a las personas trabajadoras autónomas cotizar según la evolución de su actividad, dentro de límites asumibles para el negocio y con unas prestaciones que garanticen una protección real ante enfermedades, accidentes, cese de actividad y situaciones familiares como la maternidad o la paternidad.
La fiscalidad también debe ser coherente y equitativa. Es necesario garantizar una relación clara entre los ingresos y la deducibilidad de los gastos vinculados al negocio, reconociendo que existen gastos que pueden tener una afectación empresarial y, simultáneamente, personal, sin que ello deba excluir automáticamente su deducción. Si queremos negocios que prosperen y tengan continuidad, es imprescindible permitir que generen rendimiento y que puedan invertir. Esto resulta difícil en el marco del IRPF, donde una escala creciente se vuelve especialmente gravosa justo cuando ocurre aquello que perseguimos: que el negocio vaya bien.
A pesar de los esfuerzos realizados, el sistema actual no responde adecuadamente a las necesidades del trabajo por cuenta propia. Es una pieza clave del tejido empresarial del país, pero sigue sin disponer de una protección social alineada con la responsabilidad y la contribución que asume. La rigidez del modelo y la dificultad de acceso a prestaciones como el desempleo o las bajas evidencian que todavía existe un importante desequilibrio entre lo que se cotiza y lo que se recibe a cambio.
Los datos muestran que la mayoría de los autónomos cotiza entre la base mínima y los 1.426 €, y que todavía son muchos los que optan por la mínima. Las prestaciones siguen siendo insuficientes. El desempleo y las bajas por enfermedad son un ejemplo claro: muchas solicitudes de paro son rechazadas por la dificultad de acreditar la involuntariedad del cierre. Por otra parte, cuando un autónomo necesita una baja, esta resulta más costosa porque durante los dos primeros meses debe seguir pagando la cuota íntegra. A esta falta de coherencia se suma la creciente presión fiscal, con un IRPF que penaliza precisamente cuando el negocio empieza a progresar y que dificulta generar ahorro, invertir y consolidar la actividad.
Por ello reclamamos un debate amplio y transparente sobre el régimen de autónomos, centrado en las personas, con progresividad en los cambios y con medidas que garanticen protección ante la enfermedad, el cese de actividad, la conciliación y la jubilación. Y una revisión del marco fiscal para que sea coherente con la realidad del autónomo, permita deducir los gastos vinculados a la actividad y promueva el ahorro, la inversión y el crecimiento.
Trabajar por cuenta propia debe ser sinónimo de dignidad, seguridad y oportunidades reales para prosperar. En conclusión, es necesario un modelo coherente y equitativo para todas las personas trabajadoras autónomas, con una protección social y fiscal adecuada y adaptada a su realidad.
Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autónomos
