Compartimos plenamente el objetivo de combatir las prolongaciones indebidas de la jornada y de garantizar un registro objetivo, fiable y accesible del tiempo de trabajo de las personas trabajadoras. Ahora bien, el nuevo Real Decreto que se está tramitando va más allá de lo necesario para asegurar este estándar. Introduce cargas que, para las pymes, no aportan mejoras ni en productividad ni en calidad del trabajo. No trabajaremos mejor, que debería ser el objetivo compartido.
La digitalización obligatoria “en el lugar de trabajo”, el acceso remoto e inmediato de la Inspección, el envío de un resumen con cada nómina y la doble autorización para corregir anotaciones son medidas que se alejan del espíritu del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que siempre hemos defendido que remite a la negociación colectiva la organización y la documentación de la jornada y del registro.
Trabajar mejor implica abordar de manera integral una serie de reformas que, conjuntamente, nos permitan reducir la jornada y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. La hiperregulación que ahora se plantea, como consecuencia de la no tramitación de la reducción de jornada, es excesiva y poco orientada al auténtico objetivo: corregir los déficits evidentes de nuestro mercado de trabajo.
La trazabilidad y el acceso deben estar garantizados, sí; pero con neutralidad tecnológica, proporcionalidad según el tamaño de la empresa y respeto por la autonomía organizativa. Imponer un único canal digital y una inmediatez permanente no es realista ni necesario. Es costoso, puede generar riesgos en el tratamiento de datos personales y desplaza decisiones que corresponden a los convenios colectivos.
El debate sobre el registro se ha mezclado con el de la reducción de jornada. Pimec defiende el diálogo social, la conciliación y la lucha contra la economía sumergida. Pero también defendemos que cualquier reducción debe ir acompañada de mejoras en productividad, absentismo y formación. Sin estos elementos, podemos empeorar aquello que queremos resolver: más tensiones de costes, más conflictos, menos flexibilidad y, finalmente, menos empleo.
Por ello hemos propuesto que la regulación adopte la forma de un Real Decreto que distinga entre un núcleo mínimo obligatorio y elementos adicionales negociables; que sustituya el envío mensual por un derecho de acceso inmediato a demanda; que module el acceso con plazos y garantías razonables; y que incorpore periodos de transición, exclusiones por dimensión y modelos simplificados y apoyo específico para pymes.
Queremos una regulación que ayude a cumplir y a competir. Si realmente queremos avanzar hacia un empleo de mayor calidad en España y Cataluña, es necesario centrar el foco en los verdaderos déficits, con menos carga y más confianza; con menos uniformidad y más responsabilidad compartida. Solo así elevaremos el bienestar sin asfixiar la columna vertebral de nuestro tejido productivo.
Josep Ginesta, secretario general de Pimec
