La Ley de Formación Profesional: ¿qué papel deben ejercer las empresas dentro del sistema formativo?

La Formación Profesional y la FP Dual son clave para avanzar hacia un mercado de trabajo en constante transformación. En este contexto, la Ley Orgánica de Formación Profesional se convierte en esencial y supone una oportunidad para abordar algunas de las principales lacras no resueltas que han definido nuestro mercado de trabajo en las últimas décadas. Sin embargo, hay algunos aspectos preocupantes que podrían condicionar sus resultados y su efectividad. 

El principal problema radica en que no existe una correspondencia efectiva entre la oferta de FP y las necesidades competenciales del mercado de trabajo. Lo apunta el European Skills Index, que también pone de manifiesto que España se encuentra en la cola de los países comunitarios en cuanto a las competencias desarrolladas por las personas a través de la formación. Todo ello tiene un impacto en elementos estructurales como la tasa de paro y el desajuste entre la oferta y la demanda, con efectos directos sobre el día a día de las empresas. Éstas se ven limitadas a la hora de encontrar talento que les permita afrontar nuevos retos o, sencillamente, sustituir las bajas por jubilación. 

Otro aspecto para analizar en relación con la Ley de FP es el papel que deben ejercer las empresas dentro del sistema. Nuestro tejido productivo presenta unas características propias a nivel de organización sectorial y territorial y, muy especialmente, a nivel de dimensión. En este sentido, debe tenerse presente que la Ley ha incorporado nuevos elementos para dotar de mayor flexibilidad al sistema para adaptarlo a las necesidades de los diferentes colectivos de personas. No puede decirse lo mismo en cuanto a la adaptación según la dimensión de la empresa o la participación del tejido asociativo en procesos como la acreditación de competencias. Este aspecto también debería contemplarse a la hora de definir el papel del ámbito empresarial en los servicios del Sistema de Formación y Cualificación Profesionales. 

En definitiva, la Ley de Formación Profesional tiene que reflejar que las empresas deben situarse en el origen y el destino de cualquier proceso de formación con el fin de poner la FP al servicio de las personas y las empresas. 

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