Después de las exigencias de PIMEC y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM ), finalmente el Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado 27 de abril, exigir al próximo gobierno que tome medidas para garantizar que las grandes compañías paguen a las empresas subcontratadas dentro del plazo máximo establecido en la normativa, de 60 días .
Inicialmente, el texto presentado en el Congreso no incluía medidas de cómo estudiar la implementación de un régimen sancionador en materia de morosidad y tampoco exigía a los contratistas certificados auditados sobre el cumplimiento de los plazos para poder optar a la licitación pública.
En el documento final aprobado por la cámara, constan estas medidas, además de garantizar que los subcontratados puedan cobrar en un máximo de 60 días según establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Tal como la Comisión Europea ya confirmó a PIMEC ya la PMcM, la institución prosigue con el procedimiento de infracción a España por el incumplimiento de la legislación vigente en materia de morosidad.
en esta línea, PIMEC y la PMcM han podido saber que Bruselas debe resolver una cuestión prejudicial de interpretación de la Directiva 7/2011 / CEE , en el sentido de si un Estado miembro podía condicionar el cobro de la deuda principal, a sus proveedores, a la renuncia de los intereses de demora, y que podría obligar a las administraciones públicas a liquidar los proveedores los intereses de demora devengados (unos 3.000 millones de euros ) de las facturas que cobraron mediante los diferentes plazos de pagos.
Informe sobre la Morosidad 2015
Hay que tener en cuenta que la Informe sobre la morosidad 2015 , presentado por PMcM y PIMEC, determina que el ratio de morosidad se cifra en el 4,4% y que el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por los costes de cobro en caso de retraso o impago.
Además, el 83% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y al 72% se les impuso plazos de pago superiores a los permitidos por la ley. Es por este motivo que la medida del Congreso supone un primer paso para empezar a erradicar la morosidad crónica.
