Con motivo del 90º aniversario del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y su reciente incorporación a Pimec como socio colectivo, hablamos con su presidente, Lorenzo Viñas, para conocer de cerca la realidad de la figura del administrador de fincas y el papel que debe desempeñar en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda y la necesidad de transformar el parque inmobiliario.
1. Para empezar, ¿cuál es la misión del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida?
Nuestra misión es garantizar la ética y la formación continua de nuestros colegiados. Trabajamos para que exista un parque de vivienda seguro y sostenible y, desde el Colegio, proporcionamos las herramientas a los administradores de fincas para que puedan llevar a cabo esta actividad. Lo hacemos con rigor técnico, con una deontología que cultivamos y cuidamos mucho, con la defensa de los consumidores, la formación y el compromiso social.
2. ¿Qué papel tienen los administradores de fincas en el día a día de las comunidades y del entorno empresarial?
Ha cambiado muchísimo; ahora nuestra tarea es altamente multidisciplinar. Dinamizamos las comunidades de propietarios en relación con el mantenimiento, la conservación y la rehabilitación, reforzando los criterios de eficiencia energética. También asesoramos, con argumentos jurídicos, técnicos y tributarios, sobre la normativa reguladora y trabajamos con el objetivo de promover una buena convivencia.
Un hecho que no suele conocerse es que, al realizar nuestro trabajo, también nos hemos convertido en detectores de situaciones de vulnerabilidad o de maltrato en las comunidades de propietarios. Esto nos convierte en una punta de lanza junto con la Administración pública y los servicios sociales, ya que ayudamos a dar respuesta a algunas necesidades sociales que, en muchos casos, se producen en el interior de los hogares.
3. ¿Cuáles son hoy los principales retos del sector?
Somos una profesión de interés general y reconocida en la normativa como esencial. Para mí, el mayor reto es la reserva de actividad, y ya estamos trabajando en esta línea. No tiene sentido que una persona no cualificada pueda desarrollar nuestra tarea, ya que somos un colaborador especial y significativo en las políticas públicas de vivienda. Tenemos la capacidad de trasladar la normativa y los intereses existentes, aterrizando las diferentes políticas públicas en ámbitos como, por ejemplo, la rehabilitación o la eficiencia energética.
4. ¿Cómo valoran la situación actual del mercado de la vivienda en Cataluña?
Es grave, y desde el Colegio llevamos años alertando de que es necesario promover vivienda con urgencia. En Cataluña se ha producido un cambio de tendencia, con un incremento de los hogares unipersonales y de los flujos migratorios. El problema es que el parque de vivienda sigue siendo prácticamente el mismo, mientras que el mercado está intervenido por la Administración, lo que confronta el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, cuando deberían ser complementarios.
El 86% de los arrendadores son pequeños propietarios, con una o dos viviendas, y esta situación de intervencionismo está provocando que se retiren pisos del mercado del alquiler urbano, reduciendo las posibilidades de acceso a la vivienda.
5. ¿Qué cambios normativos consideran esenciales para paliar esta crisis?
Por un lado, sería necesario que los impuestos derivados de la actividad inmobiliaria tuvieran un retorno a la sociedad. Sería adecuado que una parte de la recaudación ayudara a reducir los precios y a facilitar la ampliación de la oferta.
Además, proponemos cambios normativos en la densidad de los edificios, permitiendo la división de viviendas muy grandes, que ya no responden a las características de la sociedad actual y que podrían generar más oferta.
Otra propuesta es flexibilizar la normativa para permitir que locales comerciales u oficinas vacías puedan convertirse en vivienda. Actualmente, en Barcelona hay 16.600 locales que se podrían aprovechar para dar respuesta a esta necesidad y ponerse en alquiler a precios ajustados para los colectivos más vulnerables.
Estas soluciones pueden ayudar a minimizar la crisis, pero también es necesario que los poderes públicos doten de seguridad jurídica a los agentes implicados, ya que es un elemento indispensable para que los administradores de fincas puedan transmitir tranquilidad y confianza a los propietarios.
6. Recientemente han puesto en marcha un nuevo Centro de Datos y Estudios Inmobiliarios (CDEI). ¿Cuál es el objetivo y las conclusiones más destacadas que han ido recogiendo?
Hoy en día nos movemos por datos, estadísticas e información objetiva. El CDEI nos permite poner el foco en el dato, detectar tendencias y dar a conocer información clave para el sector y para la sociedad en general, así como posicionarnos en ámbitos como la rehabilitación o la eficiencia energética.
Hemos empezado analizando la situación del mercado del alquiler, y una de las conclusiones es que, hasta hace un par de años, era el arrendatario quien finalizaba el contrato, y no el arrendador. Esta situación ha cambiado, ya que actualmente no existe la rotación necesaria debido a la falta de vivienda disponible, pero nos ayuda a aportar una nueva visión de la problemática.
7. Este año celebran el 90º aniversario. ¿Qué representa este hito para el Colegio?
Es un hito importante y destacable, que nos permite afirmar que contamos con una trayectoria de 90 años que nos aporta perspectiva de crecimiento y liderazgo en el ámbito de los colegios profesionales. Este recorrido nos ha aportado experiencia y bagaje, que trasladamos a nuestros colegiados a través de la actividad habitual y de los servicios que ofrecemos, liderando también cambios en la transformación del sector.
8. Si miran atrás, ¿qué momentos destacarían de este recorrido?
Destacaría un momento clave en 1997 cuando, junto con el resto de colegios profesionales del Estado, promovimos una iniciativa legislativa popular. Lo hicimos recogiendo más de 700.000 firmas para modificar la Ley de Propiedad Horizontal en relación con la recuperación de deudas por cuotas impagadas. Esta acción fue muy importante porque, trabajando de manera coordinada, conseguimos trasladar la problemática a la sociedad e impulsar un cambio legislativo.
9. Se han incorporado como nuevo socio colectivo de Pimec. ¿Qué valor les aporta estar en la entidad?
Nos asociamos a Pimec porque podemos aportar nuestro conocimiento y experiencia en materia de vivienda. Estar integrados nos da la fortaleza para poder decir, explicar y elevar propuestas, y el asociacionismo es fundamental para que puedan surgir nuevas propuestas y ser más fuertes.
10. ¿Qué papel cree que debe tener su colectivo en el futuro del tejido económico y empresarial del país?
Nuestra profesión está reconocida como esencial y de interés general, lo que nos debe permitir seguir ganando reconocimiento social, crecimiento y desarrollo profesional. Debemos ser capaces de trasladar a la sociedad propuestas y soluciones en materia de vivienda, dando respuesta a los problemas del día a día.
