El V Acuerdo Interprofesional de Catalunya (2018-2020) fue firmado por las organizaciones sindicales y patronales más representativas, en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que contó con la participación del vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonès, del conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y de la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón.

El acuerdo es fruto del consenso alcanzado entre los actores económicos y sociales, y debe permitir avanzar en cuestiones como la formación profesional, el empleo y la igualdad de género, como puntos de inflexión para la mejora del mercado de trabajo en su conjunto.

Resumen de propuestas de formación y empleo

La AIC dispone de dos capítulos específicos para tratar las cuestiones y medidas que los agentes han acordado como necesarias en el ámbito de la formación y el empleo. Sin embargo, la cuestión de la formación queda recogida a lo largo del acuerdo como una medida transversal vinculada a otros muchos ámbitos.

Como novedades más significativas en formación profesional, se incorporan nuevas políticas de prospección de necesidades formativas y de activación de la formación y su reconocimiento, como factor esencial del nuevo modelo productivo. Se apuesta así mismo por la FP Dual o por el modelo de alternancia para conseguir un nuevo modelo industrial más integrador y competitivo.

Este nuevo acuerdo incorpora, como no podía ser de otra manera, la necesaria adaptación de los sistemas formativos (tanto profesional como universitaria), para dar respuesta a la demanda prevista de nuevos perfiles relacionados con la industria 4.0 como elemento clave para que Catalunya pueda ser un territorio líder en la adopción de la cuarta revolución industrial. En este sentido, el acuerdo apuesta preferentemente por la formación profesional en modalidad dual o alternancia, así como por la formación continua de las personas trabajadoras, para que puedan adaptarse a estos nuevos procesos productivos de manera simultánea a su implementación.

Así mismo, se pone de manifiesto la necesidad de que la negociación colectiva sectorial haga una actualización permanente de la organización profesional para adaptarla a los cambios y necesidades productivas y de la organización del trabajo, integrando así las nuevas realidades profesionales emergentes, las nuevas funciones, así como los derechos y deberes profesionales de las nuevas actividades. Se reafirma así el rol clave de la negociación colectiva en el desarrollo presente y futuro de los sectores productivos, como motor de la economía catalana y de la creación de empleo de calidad.

Las partes firmantes del acuerdo reafirman su compromiso y responsabilidad en los ámbitos de la formación y el empleo, y, en este sentido, instan a la Administración a la creación de una unidad de coordinación de las comisiones de formación profesional con las facultades que se describen a continuación:

-Recibir las propuestas y recomendaciones que emanen de las comisiones de formación profesional de los convenios colectivos sectoriales y de empresa.

-Potenciar los procesos de acreditación de competencias, así como solicitar la agilización de los mismos.

-Recoger la información de las prácticas realizadas en Catalunya, incluyendo la relativa a las actividades realizadas, las capacidades alcanzadas y las condiciones en que se han llevado a cabo.

-Participar en la definición de los perfiles profesionales y en la formación idónea de los tutores con relación a las prácticas, así como en los aspectos formativos de contratos laborales.

-Realizar la evaluación y seguimiento de las medidas y cláusulas en la materia incluidas en los convenios colectivos y de empresa.

Otro acuerdo interesante que incorpora el nuevo AIC es la utilización de los permisos individuales de formación para facilitar el acceso de las personas trabajadoras a los procesos de evaluación y acreditación de las competencias, con los que la persona trabajadora dispondrá de hasta 200 horas laborales por año académico para asistir a las fases de asesoramiento y evaluación, sin coste para la empresa en la que presta sus servicios.

Se introducen así mismo recomendaciones en los planes de formación de las empresas como la definición de contenidos que garanticen la calidad de las acciones formativas, la promoción de la acreditación y el reconocimiento de competencias, velar por la vinculación de la formación a los sistemas de certificación profesional, la inclusión de medidas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación, y prever acciones de desarrollo de competencias digitales para fomentar la adquisición y mejora de las mismas.

En este orden de cuestiones, el Acuerdo Interprofesional de Catalunya insta a la Administración al despliegue efectivo de la Ley 10/2015, de Formación y Calificaciones Profesionales, y de la Ley 13/2015, del 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Catalunya.

Por último, el acuerdo reafirma el importante valor estratégico del Pacto Nacional para la Industria en el desarrollo del tejido económico catalán, y de las políticas públicas, sectoriales e industriales, entre las que se encuentra el eje de la formación.