La incorporación de la mujer de forma masiva en el mundo del trabajo remunerado es posiblemente el fenómeno más importante de la historia sociolaboral de la segunda mitad del siglo XX. Esta situación ha puesto de manifiesto, a su vez, el cambio de rol de la mujer dentro de la sociedad y la necesidad de establecer políticas encaminadas a promover el mejor reparto de las responsabilidades en el cuidado de los hijos e hijas o familiares.
A pesar del transcurso del tiempo y los progresos que la mujer ha hecho tanto en el terreno personal como en el laboral, hombres y mujeres no han tenido acceso real a las mismas oportunidades, pese a la existencia de una normativa jurídica que así lo establece como, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En el ámbito jurídico, que es el que mejor conozco, puesto que soy abogada de profesión, la incorporación de las mujeres en el ejercicio de la profesión no ha sido una tarea fácil. La primera mujer que se colegió en el entonces conocido como Colegio de Abogados de Barcelona –actualmente Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)– fue María Soteras, y lo hizo en 1936. A partir de 1956 la mujer letrada empezó a crecer dentro del colectivo de colegiados y colegiadas. En 1994, hace 25 años, del total de 6.952 abogados y abogadas en el ICAB, el 32% eran mujeres y el 68% eran hombres. Actualmente, y con cerca de 25.000 personas colegiadas, las mujeres representan ya un 52% frente al 48% de hombres.
Aun así, si focalizamos la mirada en los puestos de dirección en despachos profesionales y cargos de responsabilidad de la carrera judicial, los datos nos muestran que el papel del hombre sigue siendo predominante, tanto en el sector público como en el privado.
El porcentaje de mujeres socias de un despacho o que ocupen puestos de alta dirección es anecdótico. Dentro del ámbito de la judicatura, los datos siguen en la misma línea. En 2018 las mujeres representaban el 53% de la judicatura, pero solo un 27% de la cúpula de los órganos superiores. Una prueba visible de esta situación es la tradicional foto de familia del acto de apertura del año judicial o la foto de los miembros del Tribunal Constitucional.
Estos datos nos demuestran que la puesta en valor de la mujer es un objetivo por alcanzar. Requiere afrontar estrategias para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que creer en la igualdad y trabajar coordinadamente para conseguirla.
Por eso, como abogada experta en derecho laboral y diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, he encabezado el proyecto del Plan de Igualdad Integral 2018-2021 como un paso necesario para conseguir una abogacía más igualitaria, con propuestas que, adaptadas a las particularidades de nuestra profesión, sensibilicen a nuestro colectivo para el desarrollo de la tarea profesional en igualdad.
Dentro de este plan, se ha elaborado una Guía del Plan de Igualdad para despachos profesionales, se han desarrollado acciones específicas para promocionar el lenguaje inclusivo o la apertura de canales de denuncias de situaciones discriminatorias. Así mismo, con la vocación de incidir en la sociedad, se impulsan acciones para reivindicar la eliminación de la violencia de género y la introducción de la perspectiva de género en propuestas legislativas y en los planes docentes del ICAB.
Tenemos el reto de reivindicar el talento femenino, promover el papel de la mujer profesional y de negocios en la sociedad actual, ya que las empresas donde hay al menos un 30% de mujeres en puestos directivos son más rentables que aquellas que carecen de presencia femenina, según un estudio del Instituto Peterson para la Economía Internacional y el Centro de Estudios EY. Debemos fomentar políticas de igualdad de oportunidades y de paridad para romper de forma definitiva el techo de cristal y acabar con la brecha salarial, puesto que a nivel mundial esta se sitúa en torno al 16%, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Por todo esto, tenemos que aunar esfuerzos desde el sector empresarial, social e institucional para poder cambiar el modelo de gobernanza y conseguir un mundo 100% igualitario.
Emma Gumbert
Abogada laboralista y socia del Bufet Antràs, diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y miembro del comité ejecutivo de PIMEC.
