La industria es mucho más que un sector económico: es un eje vertebrador de nuestro país, un motor que impulsa el crecimiento y la innovación, generando ocupación estable y de calidad.
Desgraciadamente, a menudo se ningunea su papel clave y no se le otorgan las condiciones adecuadas para crecer y ser competitiva. La reindustrialización tiene que ser una prioridad estratégica, y esto implica superar barreras que, a día de hoy, todavía lastran el potencial de nuestras pymes.
Las empresas industriales afrontan obstáculos enormes para crecer e innovar. El acceso a la financiación es un vía crucis, la burocracia acontece un laberinto administrativo y los costes energéticos son insostenibles. Además, la falta de infraestructuras industriales adecuadas, como polígonos suficientemente equipados, redes de transporte eficientes y conectividad digital de primer nivel, nos sitúa en desventaja respecto a otras economías. No podemos continuar parcheando a una estructura que necesita reformas profundas.
Es urgente una simplificación real de los trámites administrativos. Las empresas no pueden perder tiempo y recursos en procesos burocráticos interminables. La creación de ventanillas únicas empresariales y el reconocimiento de informes técnicos elaborados por profesionales acreditados serían pasos esenciales. También hace falta una apuesta decidida para reducir el coste energético industrial, promoviendo mecanismos de apoyo específicos para las pymes y facilitando su transición hacia un modelo más sostenible y eficiente.
Por otro lado, la formación tiene que ser un pilar fundamental para garantizar el relevo generacional y la adaptación a las necesidades del sector. La Formación Profesional tiene que estar plenamente alineada con las demandas reales de las empresas industriales, promoviendo itinerarios formativos flexibles y ajustados a las nuevas tecnologías.
A todo esto, hay que sumar la necesidad de un marco normativo que facilite la inversión en modernización e innovación. Si queremos una industria competitiva, tenemos que asegurar que las empresas puedan incorporar las últimas tecnologías sin trabas administrativas ni costes desproporcionados.
La nueva Ley de Industria tendría que recoger estas reivindicaciones. Necesitamos una regulación que entienda la diversidad del tejido productivo, garantice la representación efectiva de las pymes en los órganos de decisión y establezca mecanismos de financiación flexibles para la modernización industrial. No hacerlo seria perder una oportunidad histórica para dar el impulso que el sector necesita.
En definitiva, es hora de actuar con determinación. La industria no es solo el pasado de nuestra economía, sino también su futuro. O apostamos firmemente por ella, o nos condenamos a un modelo económico frágil y dependiente. La decisión es nuestra.
Josep Soto, presidente del Área de Industria y Nueva Economía de PIMEC
