La factura eléctrica se puede descomponer en tres partes: precio de la energía, peajes y otros costes regulados, e impuestos. Últimamente ha vuelto a subir. Esta vez del lado de los precios de la energía en el mercado diario. Los “culpables” señalados son:

  • El aumento de precio de los derechos de emisión de CO2
  • El aumento de precio de las materias primas (el precio del gas sube porque los contratos están referenciados al precio del petróleo y este está subiendo)
  • El aumento de la demanda como consecuencia del calor
  • Los altos precios de la electricidad en Europa

No obstante, la factura eléctrica también habría podido subir por haber llovido poco, por tener una o dos centrales nucleares paradas por mantenimiento, porque se considera que los ingresos de los peajes no cubren los gastos que las distribuidoras dicen que tienen, porque los asociados a UNESA han ido a tomar un café todos juntos, porque el Estado tiene que aumentar los ingresos…

Ante el encarecimiento de la factura, el gobierno del estado ha anunciado un paquete de medidas de las cuales quiero comentar las siguientes:

Aumento de personas que se pueden acoger al “bono social”

El 2017 eran 2,44 millones de personas sobre un total de 26 millones de consumidores domésticos. El “bono social” no es una subvención que reciben las personas que se pueden acoger al mismo, sino que es una tarifa más baja que la regulada en el PVPC. Se intuye que la diferencia de precio la acaban pagando el resto de los consumidores. Descontando segundas residencias…, más del 10% de consumidores necesitan acogerse a esta bonificación.

Que 2,44 millones de personas tengan que acogerse al bono social indica que el nivel de precios de la electricidad es demasiado elevado para el nivel de renta de la población. La prioridad debería ser trabajar para rebajar el nivel de precios de la electricidad y no para incrementar el número de personas que se puedan acoger al bono social.

Eliminación del impuesto al sol que grava el autoconsumo

Ya tardamos. La línea de trabajo del anterior gobierno en este tema fue la de paralizarlo, evitar que el autoconsumo proliferara. En un primer momento se optó por generar inseguridad jurídica a partir de la no regulación del mismo y, después, por penalizarlo a partir de la introducción del impuesto al sol. En este sentido, parece que asusta que los consumidores se puedan desvincular (poco en estos momentos) del sistema. Además de las ventajas que supone el autoconsumo, es necesario que los consumidores puedan decidir, aunque poco, sobre su nivel de dependencia respecto del sistema.

Suspensión del impuesto sobre la generación eléctrica (7%)

La motivación inicial de este impuesto que grava la generación y venta de energía fue finalista:  obtener unos ingresos para destinarlos a reducir el déficit de tarifa acumulado y el que se pudiera ir generando. Dada la estructura de nuestro sistema fiscal, en el que la recaudación se hace a través de la agencia tributaria y el gasto a través del presupuesto ministerial, resulta difícil comprobar si los impuestos finalistas se destinan a su motivación original. Este impuesto ha supuesto un impacto negativo para los consumidores -aumento del precio de la electricidad de un 7% (el precio de la electricidad representa cerca del 30% del total de la factura)-, puesto que los productores lo trasladan al precio de venta. Con todo, si la cantidad recaudada se ha destinado a rebajar el déficit de tarifa, ello también tiene una parte positiva consistente en destinar parte de los windfall profits obtenidos por las centrales nucleares e hidráulicas a reducir la factura eléctrica.

No obstante, hay que añadir que este impuesto ha estado sujeto a recursos por posible “doble imposición” y la cuestión todavía queda pendiente de resolución firme por parte de los tribunales. Lo peor que podría pasar, desde el punto de vista del consumidor, es que hubiese estado pagando la electricidad un 7% más cara desde 2012 y que la futura resolución judicial obligara a devolver los importes ingresados por las productoras de electricidad.

La suspensión de esta figura es positiva, pero tendría que ir acompañada de la separación de la generación nuclear e hidráulica del mercado marginalista.