Ante el impacto económico que está teniendo el coronavirus en las empresas y los autónomos del país y, en consecuencia, en la vida de la ciudadanía, el gobierno español y el gobierno catalán han dibujado soluciones en forma de líneas de avales para dotar de liquidez a las empresas en este tiempo de parada de la producción y los servicios.

El govern de la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas y Avalis, ha lanzado una línea de financiación de 1.000 millones de euros a la que pueden acceder todas las empresas que estén sufriendo económicamente por la crisis del coronavirus y que puedan pedir un importe mínimo de 50.000 euros. Por otra parte, el gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, anunció el 17 de marzo una línea de avales de 100.000 millones de euros también destinada a reforzar la liquidez de las empresas que se hayan visto perjudicadas por la pandemia del Covidien-19.

Estas medidas de ámbito financiero, sumadas a otras medidas en el ámbito tributario, de los autónomos y de la contratación pública, deberían representar una ayuda importante para las empresas, pero a estas alturas nos estamos encontrando con dos obstáculos principales. En primer lugar, las medidas de apoyo financiero que he citado se están poniendo a disposición de las empresas a partir de unos procedimientos demasiado lentos, especialmente la línea de avales de 100.000 millones de euros del gobierno español, que todavía no dispone de desarrollo reglamentario. Y, por otro lado, las medidas generales de apoyo económico son demasiado limitadas: las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) deberían ser aplicables a todos los expedientes presentados por estas circunstancias, y las medidas para el colectivo de autónomos deberían ser más generosas.

El visto bueno del BCE y la CE

En este contexto, considero que hay dos factores clave para que sea posible llevar adelante estas medidas de manera más rápida y más amplia: la decisión del Banco Central Europeo y la propuesta de la Comisión Europea.

1-La decisión del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo anunció el viernes, 20 de marzo, un conjunto de medidas adicionales para asegurar que las entidades financieras puedan proporcionar a las empresas y los autónomos los avales necesarios ante esta situación tan excepcional. Unas medidas que se pueden definir en tres puntos:

  • El BCE actuará con más flexibilidad supervisora ??en el tratamiento de los préstamos dudosos para que las entidades se beneficien plenamente de las garantías y las moratorias que establezcan las autoridades públicas, con el objetivo de afrontar la situación actual de la mejor manera.
  • Los préstamos que pasan a ser dudosos y que están soportados por garantías públicas se beneficiarán de un tratamiento prudencial preferente en términos de expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones por insolvencias.
  • Las autoridades serán flexibles a la hora de analizar con las entidades de crédito la aplicación de estrategias de reducción de préstamos dudosos.

Con estas medidas queda claro que el BCE es consciente de la necesidad de proporcionar financiación y liquidez a las empresas y los autónomos europeos, así que, teniendo en cuenta este apoyo, es necesario que los ministerios españoles correspondientes, el Banco de España y el sector financiero asuman el compromiso de poner a disposición de manera inmediata el paquete de medidas de apoyo financiero anunciado con el real decreto ley 8/2020 hace casi una semana.

2-La propuesta de la Comisión Europea

También el viernes, 20 de marzo, la Comisión Europea propuso activar la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad (PEC) para responder de manera rápida y coordinada a los efectos negativos que está teniendo el Covid-19 en la economía europea.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un conjunto de reglas que, por ejemplo, limitan el déficit y la deuda pública de los países al 3% y al 60% del PIB, respectivamente, y que permite a las autoridades comunitarias abrir expedientes a las capitales que incumplen estos umbrales. Así pues, la suspensión temporal de este pacto por parte de la Comisión Europea abre la puerta a los gobiernos nacionales a elevar el gasto público todo lo que sea necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar las consecuencias económicas.

En este sentido, es necesario que las medidas de apoyo económico de los gobiernos español y catalán sean generosas, porque las pautas presupuestarias de la Unión Europea lo permiten y porque sólo así se puede afrontar adecuadamente la crisis generada por el coronavirus.

Habiendo analizado el posicionamiento de las autoridades comunitarias, la conclusión es que la puesta en funcionamiento de las medidas económicas y financieras presentadas por los gobiernos debe ser rápida, efectiva y amplia, porque se integran plenamente en el marco general europeo de gestión de la crisis y porque permitirán mantener la solidez del tejido económica y empresarial del país. Las medidas del BCE y la CE deben permitir la agilización y la ampliación de los apoyos económicos y financieros para hacer frente al impacto del Covid-19.