A principios de abril el Gobierno del Estado presentó la propuesta de presupuestos del año 2018. El ministro Cristóbal Montoro los ha bautizado como “los más sociales de la historia de España”, pero las cifras no son satisfactorias en algunos aspectos, especialmente en materia de inversiones para Cataluña.

Los presupuestos presentados en el Congreso de los Diputados prevén un aumento de las inversiones reales, para el conjunto del estado, de hasta el 15,3%, es decir, 14.823 millones de euros. De esta cantidad, un total de 3.009 millones de euros se destinarán a la construcción del AVE. Aun así, el criterio político ha prevalecido sobre el criterio económico; del total de dinero que se invertirá en infraestructuras del AVE, sólo 923 millones se destinarán a impulsar el corredor mediterráneo.

Así pues, en vez de fomentar el impulso de la economía productiva y el retorno de la inversión, las decisiones con criterios meramente políticos siguen teniendo un peso mayor en la elaboración de estos presupuestos.

En relación con Cataluña, la inversión proyectada supone el 13,3% de la que se considera regionalizable. Cabe destacar que esta cifra está muy por debajo del peso que tiene la economía catalana, así como de la población, sobre el conjunto estatal.

Y no solo eso, de hecho, debe considerarse que estas cifras hacen referencia a la inversión proyectada, no a la ejecutada, que es la que realmente incide en el bienestar de la población. En este sentido cabe mencionar que, según datos del IGAE (Intervención General del Estado), el 2016, la Administración General del Estado sólo ejecutó en Cataluña el 8,86% del total de las inversiones reales regionalizables, y los organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos dependientes del AGE, el 6,42% del total, cifra aún más baja que la anterior.

Además, en relación con la planificación energética, estos presupuestos no muestran ningún indicio de cambio hacia un modelo más descarbonizado, ya que, en resumen, la financiación de los costes históricos no varía con respecto al año anterior. En consecuencia, todo el peso recae sobre el sistema eléctrico, que se ve claramente perjudicado.

Asimismo, cabe destacar que el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital crece un 0,8%. Si bien es cierto que a primera vista puede parecer una cifra positiva, cabe recordar que, de hecho, está por debajo de la media. En relación con los datos referentes al presupuesto del IDEA, movilidad eficiente y sostenible, se observa que las cifras se mantienen igual que en el año 2017.

Por último, hay que destacar que estos presupuestos no reflejan un verdadero esfuerzo por intentar reducir la dependencia energética del petróleo. Este año, este combustible fósil ha alcanzado los precios más altos desde el 2014, lo que afecta negativamente a la economía del país.